Traducir la interfaz no adapta el producto.

Un software legal pensado para México no es uno traducido al español: su proveedor debe facturarle con CFDI 4.0, tratar los datos personales del expediente conforme a la LFPDPPP, y estar conectado a los boletines de los juzgados estatales donde el despacho de verdad litiga.

La traducción resuelve el idioma; no resuelve que el comprobante fiscal tenga que ser una CFDI válida ante el SAT, que los datos de un cliente estén protegidos bajo una ley mexicana concreta, o que el despacho necesite saber qué pasó en un juzgado estatal sin visitar su sitio todos los días.

La CFDI 4.0 es el comprobante fiscal que el SAT exige desde 2022, con validaciones más estrictas que versiones anteriores, como el régimen fiscal del receptor y el uso del CFDI. Un proveedor que factura con CFDI 4.0 a su RFC le deja un gasto deducible, sin trámites aparte.

Un proveedor extranjero que no emite CFDI deja al despacho sin un comprobante válido ante el SAT, y ese gasto termina pagándose sin poder deducirlo. Conviene preguntarlo antes de contratar, no al primer cobro.

La LFPDPPP obliga a tratar los datos personales de un expediente, como el nombre de un cliente o de la contraparte, con medidas de seguridad y con un aviso de privacidad claro. Antes de que cualquier modelo de lenguaje lea un documento del caso, esos datos personales deben anonimizarse, no solo cifrarse.

La ley no distingue entre un despacho grande y uno de tres personas: la obligación de proteger esos datos aplica igual. HEX Legal anonimiza la información personal del expediente antes de que un modelo de lenguaje la procese, para investigar o redactar sin exponer identidades reales.

Un despacho se entera de un acuerdo o un boletín revisando el sitio del Poder Judicial del estado donde lleva el caso, casi siempre a mano, juzgado por juzgado. HEX Legal monitorea las publicaciones del Poder Judicial en Nayarit y Aguascalientes, y avisa al abogado cuando aparece movimiento en un caso propio.

Revisar juzgado por juzgado, estado por estado, es exactamente el trabajo que un despacho de volumen no puede sostener con pasantes. El monitoreo avisa al abogado cuando aparece movimiento en un caso propio, sin que nadie tenga que abrir el sitio del Poder Judicial todas las mañanas por costumbre.

En México un software legal se cobra casi siempre por licencia al mes, es decir, por cada abogado que entra a la plataforma, y no por caso ni por gigabyte de almacenamiento. HEX Litigante cuesta $690 y HEX Despacho $1,190 MXN por licencia al mes, con IVA incluido.

Cobrar por licencia, y no por caso o por gigabyte, evita que el precio suba solo porque el despacho tuvo un mes con más expedientes activos. El costo se relaciona con cuántos abogados usan la plataforma, no con cuánto trabajo entra por la puerta ese mes.